REFUGIADOS...EN NUESTRO MISMO PAIS

(Copia del original Publicado en la página web del Instituto Prensa y Sociedad - IPYS)

 

Raúl Vento, Roxana Rivera y Elizabeth Salinas del semanario peruano Conoeste: hostigados y amenazados tras publicar denuncias contra un alcalde entronizado en el cargo hace 17 años.

Elizabeth Salinas, Perú.- Mi vida hubiera sido más sencilla, sin tantos riesgos ni sobresaltos y tal vez con un poco de éxito si no hubiera elegido ser periodista. Pero no me lamento. Amo esta profesión y quizá por ello asumo los riesgos que vengan para silenciarme, incluyendo el de mi muerte.

Hace seis años en el semanario Conoeste venimos investigando a Luis Bueno Quino, alcalde del distrito de Chosica al este de Lima, que no solo se ha perpetuado en el poder por más de 17 años malversando fondos públicos, sino que además se le vincula con, por lo menos, cuatro crímenes, de los cuales el más sonado es el asesinato de la periodista Consuelo Ruiz, ocurrido en enero de 2004.
Hace dos años publicamos una grave denuncia: Bueno Quino les habría transmitido VIH a unos cuarenta trabajadores del municipio al obligarlos a sostener relaciones sexuales bajo amenaza de despido. Del mismo modo, abusó de menores de edad, con consecuencias similares para los afectados.
A partir de ese momento -y con el triunfo de una quinta reelección no muy transparente en el bolsillo- funcionarios serviles al alcalde desataron una persecución criminal contra quienes nos habíamos atrevido a denunciarlo.
Fui pateada y golpeada por allegados al alcalde en más de una oportunidad. A pesar de eso, continué denunciando en mi programa radial “Satélite noticias” actos de corrupción que afectan al municipio, debido a lo cual fue cancelado por presiones municipales directas: la administración de Bueno Quino compró el espacio donde se emitía el programa.
Sin medio masivo que rebotara nuestras investigaciones y con limitaciones económicas se logró la impresión de la última edición de CONOESTE, que tenía como portada la denuncia contra el alcalde hecha ante la Fiscal de la Nación por pedofilia.
A partir de ahí el poder del alcalde ha sido aplastante contra periodistas que hemos persistido en informar a pesar de su asfixiante persecución: amenazas, golpes, acoso a nuestros hogares, persecución legal acusándonos de delitos que no hemos cometido en procesos que son refrendados por jueces y fiscales del Ministerio Público que ceden al poder del alcalde.
Mientras nuestras denuncias por amenazas y agresiones misteriosamente se archivan, se extravían o desaparecen, las acusaciones del alcalde y quienes lo secundan tienen un trámite ágil e inmediato.
Lo mismo sucede en la dependencia policial y gobernación del distrito. ¿Nuestras vidas como periodistas ya no significan nada para las autoridades? Nadie nos da garantías para quedarnos en Chosica, donde todo parece normal. Pero en las miradas que cruzamos con algunos trabajadores municipales hay un llamado de auxilio, de “ya no aguanto más”, y eso me enerva y me golpea duro. Pero también golpea la insolidaridad de la población que ha perdido la dignidad.
En las calles de Chosica se respira un aire frío mezclado con miedo, como cuando presentimos que algo malo está sucediendo.
Mientras el alcalde “encarga” a sicarios para que nos desaparezcan del mapa, Roxana Rivera, Raúl Vento y yo seguiremos refugiados con nuestras familias, en algún lugar de Lima, sin dinero y con muchas cosas pendientes por hacer.
Sentimos que es nuestro deber continuar. Queremos hacerlo por las victimas que vimos llorar, por las familias que sufrirán cuando el VIH presente síntomas, por la inocencia arrebatada a los niños abusados y por la salud pública de nuestro distrito. Pero sobre todo queremos hacerlo por dignidad.
Desde este involuntario refugio en el que me encuentro, no dejo de preguntarme si existe la justicia. ¿Dónde está? ¿Quiénes son los privilegiados de tenerla? ¿Cuánto cuesta?

Elizabeth Salinas